Los últimos años han marcado en México un crecimiento espectacular del sector no lucrativo y simultáneo a éste, un crecimiento en las necesidades de financiamiento de las diversas organizaciones que lo componen, en un momento del tiempo en que los fondos asistenciales nacionales e internacionales han tendido a reducirse por cuestiones tan diversas como el ingreso de México a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la transición democrática del país en el 2000 y la lucha de poderes que impide el progreso en la instrumentación de políticas y legislaciones, los eventos del 11 de Septiembre del 2001 y la consecuente desaceleración económica. Así como la transferencia de fondos de una multiplicidad de organizaciones de la sociedad civil a un número limitado de organizaciones con mayor poder político o publicitario, entre una multitud de situaciones exógenas y endógenas del sector.

Las agencias financiadoras tradicionales se han visto rebasadas por la demanda de fondos y como respuesta han establecido sistemas rígidos de asignación que por una parte exigen de las organizaciones no lucrativas, sistemas administrativos eficientes y efectivos con programas de alto impacto cuyos éxitos sean comprobables a través de indicadores “duros” y por otra deciden asignar fondos únicamente a proyectos y programas específicos sin inclusión de los costos administrativos que garantizan el éxito de los mismos.

En este proceso, algunas organizaciones se han visto beneficiadas con un mayor flujo de fondos que obedecen a las políticas globales de moda, al tiempo que otras han visto reducida su popularidad y por tanto las opciones de subsistencia.

Lo anterior es la realidad en la que el sector no lucrativo debe desarrollarse y promover estrategias que le permitan sobrevivir en tiempos de incertidumbre financiera y mantener la trayectoria hacia la sustentabilidad de largo plazo. Para lograr esto se plantean una serie de acciones indispensables al enfrentar momentos de crisis financiera.