El cambio climático
Ensayo. El Protocolo de Kyoto. El problema ecológico empezó a interesar al ser traducido en términos económicos, al entender que los servicios que los ecosistemas prestan a los hombres pueden desaparecer.
El viernes pasado celebramos el segundo aniversario de la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto, el único mecanismo internacional que tenemos hoy para empezar a hacer frente al cambio climático de origen antropogénico que amenaza la vida en la Tierra. Contiene varias obligaciones legales para que los países industrializados reduzcan las emisiones de tres gases de efecto invernadero de origen humano: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), y de tres gases industriales fluorados: hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruros de azufre (SF6).
El Protocolo de Kyoto es un instrumento de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, suscrita en 1992 dentro de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. Su historia es breve: no tiene más de 15 años. En abril de 1995, el Mandato de Berlín puso en marcha una ronda de pláticas para adoptar compromisos más firmes a favor de la conservación de los ecosistemas por parte de los países desarrollados, sobre todo en Norteamérica y Europa. Las negociaciones cristalizaron en el Protocolo de Kyoto, firmado en Japón el 11 de diciembre de 1997. Ese día, los países industrializados asumieron el compromiso de ejecutar un conjunto de medidas para reducir los gases de efecto invernadero, responsables del aumento de la temperatura en el planeta. Pactaron reducir en un 5.2 por ciento las emisiones contaminantes entre 2008 y 2012, tomando como referencia los niveles de 1990. El acuerdo entró en vigor el 16 de febrero de 2005, después de ser ratificado por el gobierno de Rusia, que consiguió que la Unión Europea pagara la reconversión industrial y la modernización de las instalaciones petroleras de esa república de la vieja URSS.
La suerte del acuerdo ha sido desde entonces azarosa. Estados Unidos firmó el acuerdo, pero no lo ratificó: ni el gobierno de Clinton ni el de Bush, quien de hecho retiró a su país del Protocolo de Kyoto con el argumento de que excluye de sus restricciones a algunos de los mayores emisores de gases entre los países en vías de desarrollo, como China. Es un argumento que podrían utilizar también los países europeos, quienes no obstante ratificaron el Protocolo. Estados Unidos ha sido la gran excepción. Ese país tiene sólo 4 por ciento de la población mundial, pero emite 20 por ciento del dióxido de carbono que afecta al mundo. Su compromiso con la protección de los ecosistemas es una condición sine qua non para tener éxito en la lucha por conservar los ecosistemas. Así lo ven ya muchas voces prominentes en Norteamérica. “Ha llegado la hora de que nuestra respuesta a esta crisis sea proporcional a la contribución de nuestra nación al problema”, dijo hace poco la senadora republicana Olympia Snowe. Y es uno de los temas de la película de Al Gore, Una verdad inconveniente, exhibida hace pocos días en México: los países más ricos son los que más contaminan, empezando por Estados Unidos y la Unión Europea, y seguidos muy de cerca por China. Y África, que no contamina casi nada, sufre las mayores consecuencias.
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