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Modelos de administración de las organizaciones no gubernamentales en México

Entre los riesgos y desventajas que pueden presentar las ONGs en México son las de índole financiero y regulatorio, que tiende a ser más frecuente en las Organizaciones en donde las estructuras son más débiles, lo que provoca incapacidad para producir los resultados esperados y, en algunos casos, la permanencia de las organizaciones. Algunos problemas frecuentes son: la ausencia de un marco regulatorio, la ineficiencia en los sistemas administrativos, el control de los presupuestos y la eficacia en los proyectos a desarrollar, así como la transparencia en la rendición de cuentas. Aunado a esto, la incipiente cultura de la donación provoca indirectamente un bajo desempeño de las Organizaciones.

El término Organización No Gubernamental (ONG) se generalizó cuando la ONU quiso distinguir entre órganos intergubernamentales especializados y organizaciones privadas. Las ONGs surgen de la sociedad civil como respuesta alterna ante las necesidades no satisfechas por el Estado, conformadas por voluntarios y creadas independientemente de los gobiernos locales, regionales y nacionales, así como también de los organismos internacionales. Los voluntarios son quienes definen los fines y objetivos propios de su ONG, al realizar una labor concreta, comprometerse a realizar una serie de actividades y funciones humanitarias, dar a conocer las preocupaciones de la sociedad a los gobiernos y supervisar que los programas se pongan en práctica bajo las políticas establecidas.

El sector que integran a las ONGs se le ha denominado de diferentes formas: voluntario, no lucrativo, solidario, economía social, organizaciones de la sociedad civil. Últimamente se ha llamado el tercer sector. Las sociedades civiles de cada país se organizan de forma diferente, según su historia particular, la economía en la que se desarrollan, la estructura social y cultural, así como los marcos normativos y legales; estos factores han originado estructuras organizacionales muy diversas con características propias de acuerdo con cada país.

La historia particular de México permite explicarnos la fuerte influencia que tuvieron las organizaciones católicas y las instituciones de beneficencia en algunas de las estructuras organizativas y formas de las ONGs que hoy las conforman. En la década de los ochenta es cuando inicia el crecimiento y diversidad de las acciones de la sociedad y las organizaciones civiles, al pasar del concepto de asistencia social individualista a una visión más amplia e integral en donde la comunidad tiene una participación más activa y responsable en los programas, en esfuerzos coordinados con el Sector Público. En la década de los noventa, México empieza a formar parte del movimiento mundial orientado al desarrollo social, y es aquí donde nace la tendencia a adquirir una figura legal.

El término de ONG en México no tiene una figura jurídica propia. Las organizaciones con fines no lucrativos son personas morales, se constituyen bajo la forma de Sociedad Civil (S.C.), de Asociación Civil (A.C.) o de Institución de Asistencia Privada (I.A.P.), se encuentran reguladas por el Código Civil y por ende la ley del Impuesto sobre la Renta no las considera contribuyentes.

En México existen más de 20,000 organizaciones de la sociedad civil de las cuales únicamente alrededor de 50% son organizaciones formales de acuerdo con los datos del CEMEFI (Centro Mexicano para la Filantropía). Se realizó un estudio de tipo cualitativo sobre las Organizaciones No Gubernamentales en la Ciudad de México; de la información obtenida se desprenden principalmente tres tipos de estructuras organizacionales con base en su operación.

La primera está conformada por las Organizaciones que cuentan con una estructura formalizada y constituida. Éstas cumplen con todos los requisitos para ser donatarias autorizadas, cuentan con sistemas contables y administrativos eficientes, los que les permite presentar información acerca de sus planes, programas e información financiera; asimismo, tienen un nivel de desarrollo significativo debido a que captan la mayoría de las donaciones hechas por empresas y son transparentes tanto interna como externamente. Debido a su estructura pueden recibir recursos de fondos federales a través de su registro en el CLUNI. La gobernabilidad formal de su administración se representa de manera sólida, ya que cuentan con una Asamblea de Asociados, Junta de Consejo o Patronato con un enfoque integral en la toma de decisiones.

En la siguiente estructura están las organizaciones con una figura jurídica, pero que carecen de una profesionalización, ya que cuentan con cierta estructura operativa, pero desafortunadamente la Gobernabilidad no ejerce la función que debe tener, porque el personal responsable del funcionamiento de la organización no posee una preparación adecuada para garantizar un desarrollo óptimo. El desconocimiento que muchas veces se presenta impide acceder a ciertos programas para obtención de recursos. Asimismo, enfrentan la problemática de carencia de activos que aseguren el crecimiento estructural de la organización.

La estructura más preocupante es aquella conformada por grupos de personas de buena voluntad unidos por un objetivo común, que no tienen figura jurídica y por lo tanto tampoco cuentan con sistemas administrativos y contables. Su existencia y permanencia se ha debido también a la buena voluntad de sus “donantes”. En este tipo de organizaciones no se cuenta con información referente al objeto formal que persiguen, no están registradas, tampoco se sabe qué hacen y dónde obtienen sus recursos. Lo más alarmante es que no se tiene evidencia de que los recursos recibidos sean destinados a la causa esperada por los donantes, porque no hay rendición de cuentas al no existir ningún elemento que las regule. Además, no reciben sanción alguna por ningún sector.

Para hacer frente a este problema se tienen en México varias organizaciones no lucrativas, como el CEMEFI y la Junta de Asistencia Privada, enfocadas en dar capacitación y preparación a través de cursos y talleres para la profesionalización del tercer sector. Dicha preparación incluye desde cómo llevar a cabo la constitución de la organización, la elaboración de procedimientos administrativos y contables que contemplen programas de trabajo, presupuestos, presentación de estados financieros, dictámenes fiscales entre otros, para favorecer la transparencia en la rendición de cuentas y la importancia de contar con una Junta, Asamblea Independiente o Patronato capaces de garantizar que las organizaciones sean sustentables.

De acuerdo con directivos y funcionarios tanto del CEMEFI como de la JIAP del D.F., las Organizaciones de la Sociedad Civil que cuentan con una figura jurídica, con una estructura organizacional sólida, que son donatarias autorizadas y que están registradas ante el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI), hacen más factible su permanencia y el cumplimiento de sus objetivos; además que la desviación de fondos será más difícil debido a los controles en la rendición de cuentas que tienen que presentar en las diferentes instancias.

 

Conclusión

Se concluye que las Organizaciones sin estructura formal tienden a desaparecer si no profesionalizan estructuras legales y administrativas, debido a que los recursos necesarios para su sostenimiento provienen en la mayoría de los casos de donaciones. Los recursos que obtienen este tipo de Organizaciones o grupos de trabajo los consiguen de la ayuda de la buena voluntad y no tienen acceso a donaciones de empresas, de organismos formales o de programas gubernamentales, ya que requieren ser donatarias y cumplir con los requisitos legales y administrativos estipulados. La formalización es un proceso difícil mas no imposible a través de los diversos programas ya mencionados.

Un punto importante a considerar es la selección de las personas que administrarán la entidad; ellos deberán contar con una formación académica de acuerdo con las funciones encomendadas por el órgano directivo con la finalidad de cumplir con las obligaciones que tiene ante las entidades públicas y privadas.

 

Cortesía: Ana María Díaz

ITAM